La presentación del Presupuesto Nacional es un hecho muy relevante para la sociedad, dado que en el mismo se deberían dejar establecidos los lineamientos de gestión de gobierno que, sin lugar a dudas, condicionan al resto de los actores sociales.
Septiembre es un mes muy importante para nuestro país, durante el mismo se presenta el Presupuesto Nacional para el próximo ejercicio inmediato. Esta presentación del Presupuesto Nacional es un hecho muy relevante para la sociedad, dado que en el mismo se deberían dejar establecidos los lineamientos de gestión de gobierno que, sin lugar a dudas, condicionan al resto de los actores sociales.
En una mirada muy sintética, el Presupuesto, el que es considerado como “Ley de Leyes”, es una propuesta razonable de ingresos y gastos, basada en una mirada que el ejecutivo tiene de nuestro país hacia el próximo año. Ello significa que como elemento central es clave realizar un ejercicio de planificación que incluirá, entre tantos otros factores, el diseño de un país esperado en 2022.
No voy a entrar en tecnicismos sobre cómo debe armarse un presupuesto o bien qué tipo de clasificaciones se hacen sobre el mismo o como se distribuyen los créditos propuestos. Pero sí es importante remarcar que el Presupuesto no es una simple presentación formal de planillas de gastos con su correspondiente financiamiento. Es una herramienta de gestión política y sienta las bases para la discusión sobre el tipo de país que estamos construyendo. Es formador de expectativas y expone el esquema de prioridades que el gobierno propone discutir con la sociedad ¿y cómo ocurre ello? A través del tratamiento y discusión de dicho presupuesto en el Congreso Nacional. Ese es el mecanismo que usualmente se aplica en países como el nuestro para establecer las prioridades y condiciones de uso de los recursos públicos estimados. Y nada de esto es menor. Nuevamente: define expectativas tanto en lo educativo, como en lo económico, lo laboral, la salud, la seguridad, entre tantos otros efectos sobre la vida social de los ciudadanos.
A la fecha, el proyecto de Presupuesto hacia el ejercicio 2022 ha ingresado en el Congreso de la Nación y se están dando las primeras conversaciones sobre qué prioridades de gestión pública serán convalidadas o no.
La actualidad del país es bastante compleja tanto por las dificultades de administrar un país que económicamente hace esfuerzos para recomponerse, pero al que le cuesta mucho por crónico problema de coordinación, como por la sensibilidad que la política les impregna a todos los temas de fondo. En lo económico aún nos debemos respuestas eficaces sobre cómo resolver la cuestión de la inflación, cómo abordar la problemática alrededor del tipo de cambio (la brecha entre dólar oficial y Blue es de casi el 100% al momento de escribir estas líneas), cómo se cerrarán las negociaciones por la reprogramación de la deuda externa, cómo resolvemos el déficit fiscal, siendo cada uno de estos temas clave en la formación de expectativas de crecimiento económico.
Por lo pronto, podemos decir que el proyecto del Presupuesto 2022 prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno, una inflación del 33% y un dólar a $131,1, pero además no contempla el pago de vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional, prevé un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos.
Todos estos números deberían brindar algún tipo de certeza razonable sobre el desempeño económico de la gestión de gobierno, no obstante, dada la debilidad de los resultados observados a la fecha en lo económico y en lo político, pareciera que dichos números no reflejan el estado de las cosas presentes y, en consecuencia, las expectativas que se generan con estos datos resultan como tantas otras veces nulos.
Basado en la teoría de las expectativas adaptativas[1], a medida que van pasando periodos, las expectativas sobre una variable se ajustan (o adaptan) a la luz de la experiencia más reciente sobre su evolución, dando a la información sobre la anterior, un valor cada vez más pequeño (o hasta nulo a partir de un momento concreto). Por ejemplo, si la inflación ha sido alta en el pasado, los ciudadanos podrían esperar que sea alta en el futuro. A la fecha, según datos del REM, la inflación esperada para los próximos 12 meses es del 44%, el tipo de cambio nominal se ubica en torno a los $155,54 y según CEPAL, la Argentina crecerá en 2022 un 2,7%. En todos los casos, como podemos ver, números que distan bastante de la propuesta del ejecutivo nacional.
Con todo esto, puedo decir que lamentablemente hasta que no logremos tener claridad sobre la atención que debemos darle a la resolución de los problemas económicos crónicos, “los números” de la Ley de Leyes, no serán tenidos en cuenta por los decisores para la toma de decisiones. Si bien es cierto que los datos incorporados en el proyecto elevado a Congreso representan objetivos ideales a alcanzar, los mismos no resultan verosímiles a la luz del contexto de incertidumbre y complejidad económica – política que atraviesa el país.
